Andamos todos los ciudadanos con la moral política por los suelos ante las noticias de corrupción que saltan a los medios de comunicación un día sí y otro también. Primero se produjo incredulidad, luego se manifestó el enfado, más tarde empezamos a pensar sobre qué podíamos hacer y finalmente, sentimos una cierta desmoralización e impotencia ante esta lacra de la corrupción en la política. Yo he seguido el mismo recorrido. Pero, de pronto, me acuerdo que existe el Tribunal de Cuentas y me pregunto ¿para qué sirve el Tribunal de Cuentas?
Existe un Tribunal de Cuentas de España y, además, hay órganos parecidos en las CC.AA. que tienen esa competencia. Por ejemplo, en Cataluña.
El Tribunal de Cuentas de España revisa las cuentas del Estado, de las CC.AA. y de todos los ayuntamientos. Repito, siempre que esas CC.AA no tengan un Tribunal ad hoc.
Quiere esto decir (por ejemplo) que todas las cuentas de los ayuntamientos corruptos han sido revisadas por unos expertos en contabilidad y en legalidad. Y alguien ha puesto su firma dando la conformidad a esas cuentas con el sello de tan altas instituciones.
Tengo datos de que el nivel de capacidad profesional de los funcionarios del Tribunal de Cuentas es muy bueno tanto en lo legal como en lo contable. Digo más, la Audiencia Nacional cuenta con menos recursos profesionales que el TCE. Entonces, ¿por qué nadie se acuerda del TCE cuando llueve corrupción en las cuatro esquinas de España?
Pues porque nadie se cree que los últimos responsables del TCE puedan tomar decisiones condenatorias contra nadie, porque esos últimos responsables son nombrados y representan a los partidos políticos.
Eso de que hoy te he cazado en una irregularidad, pero no te denuncio para que tú no me denuncies si alguno de los míos se sale de lo honorable, existe.
Vuelvo a llamar la atención a los ciudadanos indignados: el Tribunal de Cuentas (TCE) sabe lo que pasa, pero sus responsables políticos no quieren que nadie condene a nadie. Por si acaso.
Tendríamos que iniciar una auténtica campaña de apoyo al TCE (y a sus equivalentes autonómicos): ellos tienen las cuentas, ellos analizan las cuentas, ellos anotan las irregularidades, pero a ellos no les dejan hacerlas públicas.
El TCE tiene compartida con otras instituciones el papel de fiscalizar, pero -atención- es el único que puede enjuiciar.
Por lo que conozco del TCE, este Tribunal podría ser más eficaz en la lucha contra la corrupción que la Audiencia Nacional. Si le dejaran. ¿Quién tiene que soltar las riendas a una institución que podría refrescar la pesada atmósfera política? Pues, los partidos políticos.
Vamos a no engañarnos: si el PSOE y el PP aceptasen que el TCE funcionase de verdad, habría menos presos y más decencia.
Luis Solana
